La aprobación del Proyecto de Ley de Regulación del Juego supone un avance notable para regular un sector que ha crecido de forma exponencial en los últimos años. Numerosas entidades del Tercer Sector interpretan como un paso adelante la adaptación de la legislación estatal a un nuevo escenario configurado por la irrupción de múltiples y diversas actividades de juego electrónico que se han desarrollado en circunstancias que “no cumplen los deseables principios de seguridad, trasparencia, fiabilidad e integridad que deben regir las actividades que tienen por objeto la explotación de los servicios del juego”, como reconoce el propio Gobierno. No obstante, desde Patim se considera que algunas medidas deberían ser más contundentes para incrementar su eficacia.

“Las limitaciones sobre la publicidad y los bonos de bienvenida son positivas para los menores pero resultan a todas luces insuficientes para frenar el trastorno por juego en sus etapas más avanzadas, especialmente en aquellas personas que están en tratamiento o en quienes empiezan a encontrar en el juego una ‘respuesta’ a sus problemas”, remarca el presidente de Patim, Francisco López y Segarra. La sobreexposición actual del juego en televisión y redes sociales “sería impensable” con otro tipo de adicciones como el alcohol o tabaco, asegura, y “debe recibir el mismo tratamiento mediático”, añade.

Los jugadores jóvenes han sido los que han tenido mayor fluctuación durante la pandemia, según los datos de la Dirección General de Ordenación del Juego. Son las más susceptibles a los cambios, de hecho las restricciones de publicidad y bonos de bienvenida –en la modalidad on line- han tenido un efecto inmediato en ellos. En cuanto a los jugadores activos, el número durante la pandemia se mantienen estable, confirmando la tendencia que existe un colectivo activo de jugadores en España que si dejan de practicar un juego se pasan a otro, tal y como se recoge en las conclusiones de las jornadas sobre el impacto de la pandemia por covid-19 en el trastorno por juego que se han celebrado en Valencia.

Diversos expertos coinciden en que las consecuencias del juego son poco visibles más allá de los problemas económicos que generan para las personas atendidas y sus familias. Por ello, advierten que hay otras dimensiones menos evidentes que también se desestructuran y sobre las que hay que intervenir: identidad, habilidades de afrontamiento, gestión de tiempo y tipo de ocio. “Las políticas públicas deben dirigirse a proteger a los colectivos más vulnerables, a los jóvenes y a los jugadores activos, promocionando el juego seguro y centrándose en los modelos de ocio e incluso en un urbanismo alternativo” según López y Segarra, por lo que recomienda “diseñar políticas específicas para la juventud más allá de la mera información, ya que está doblemente azotada por la COVID en el ocio y su sociabilización”.