El Tercer Sector afronta con dificultad su futuro. La atención social y la inserción laboral de los colectivos en riesgo de exclusión se han recortado de forma drástica en la Comunidad Valenciana durante el último año. Las entidades sociales se han visto obligadas a paralizar muchos proyectos porque su capacidad de endeudamiento ha tocado límite y condiciona su posibilidad de actuar. La Generalitat calla pese a las voces que alertan sobre el desmantelamiento de la red asistencial. “El silencio de la administración ante la deuda con el Tercer Sector está fomentando la desprotección social y laboral de los colectivos en riesgo de exclusión”, remarca el presidente de Patim.
Francisco López y Segarra reclama “más compromiso” a la administración y exige que se haga pública la “planificación de los pagos” de la Generalitat para que las entidades sociales sean capaces de planificar su trabajo. “Resulta muy complicado reestructurar nuestros servicios y objetivos, impulsar nuevos modelos, si no tenemos ni idea de cuándo vamos a recuperar el dinero que la administración pública nos debe”, remarca.
La falta de respuesta hacia el Tercer Sector contrasta con la atención dispensada ante las quejas formuladas por otros grupos profesionales vinculados con la Sanidad. “Nos sentimos discriminados por el trato que estamos recibiendo –enfatiza López y Segarra- al ver que se han pagado millones de euros a colectivos muy vinculados con la salud mientras que la red social de atención a las drogodependencias arrastra deudas desde 2010”.
A pesar de las preguntas parlamentarias que distintos grupos políticos de la oposición han planteado ante las Cortes y la declaración institucional del Ayuntamiento de Castellón para exigir a la Generalitat Valenciana que salde de forma urgente la deuda contraída con Patim, el Consell guarda silencio, especialmente sobre los programas de empleo financiados con fondos europeos. El importe total del periodo 2010-2011 asciende a 153.271,82 euros. Una cantidad que casi se duplica si se contabiliza 2012.
“Las personas que acuden a nuestro servicios necesitan atención, no pueden estar en la calle porque es un riesgo innecesario”, concluye López y Segarra.