El Día Mundial para la erradicación de la Pobreza se celebra hoy con un funeral. La Alianza contra la Pobreza ha organizado en 25 ciudades españolas un acto para exigir el cambio en las políticas de acción social. Desde esta plataforma de entidades sociales se advierte que en la propuesta de Presupuestos Generales del Estado para 2013 se prevé un nuevo recorte social de 63.393 millones de euros. “Es totalmente escandaloso que la crisis la paguen las personas más vulnerables”, remarca el presidente de Patim, Francisco López y Segarra. El próximo sábado, 20 de octubre, a las 18 horas, se celebrará una concentración contra la pobreza en la Plaza Mayor de Castellón.
Siete ataúdes van a representar la situación en la que se encuentran las políticas sociales para mostrar una realidad que afecta directamente a casi 13 millones de personas que viven ya en situación de pobreza y exclusión en España. “Somos un país donde la ‘cleptocracia’ ha pervertido casi todos los ámbitos –puntualiza López y Segarra- y en el que resulta indecoroso que los políticos cobren todos los meses mientras muchas personas tienen que estar reclamando el pago del trabajo realizado hace años a la administración”.
Los recortes a los servicios sociales han significado un enorme deterioro para la calidad de vida de las personas y las familias más necesitadas, que son cada día más. Pero además, tanto la Alianza contra la Pobreza como Patim, advierten que se está poniendo en peligro el derecho de las personas a tener acceso a un sistema universal, de calidad y que asegure prestaciones económicas ante la carencia de recursos propios y proteja a las personas de la exclusión social. “Hoy podemos decir que los rostros de la pobreza y la exclusión han aumentando”, aclara el presidente de Patim.
Sanidad es el área más perjudicada en la propuesta del presupuesto de 2013, ya que se contempla una reducción de la inversión pública de 27.132 millones de euros. Las consecuencias de los recortes ya se dejan ver en el incremento de las listas de espera y deteriorado el nivel de atención sanitaria. El copago farmacéutico y la exclusión de medicamentos de la financiación pública impiden a las personas con menores ingresos el acceso a medicamentos que necesitan. Se ha dejado fuera de la cobertura pública a más de 300.000 inmigrantes no regularizados y el Ministerio de Sanidad pretende imponer copagos sobre transporte sanitario, dietas y prótesis, además de excluir prestaciones de la cartera básica del sistema sanitario público. “Es más prioritario y económico prevenir la exclusión que intervenir en ella”, asegura López y Segarra. España está por debajo de la media europea en gasto social, apenas alcanza el 22,7%, mientras que la UE está en el 30%.
Por otro lado, resulta llamativa la reducción de 7.035 millones en la inversión para fomentar el empleo en 2013, en un momento en el que la tasa de paro ronda el 25%.
